Opinión del Editor: Le hemos fallado a Darlin Mercado
«El Licdo. Manuel Félix Rubio considera que el caso del joven Dalin Mercado, fallecido en Herrera durante una intervención policial debe ser esclarecido con total transparencia, garantizando el debido proceso y el respeto al Estado de derecho»
Cada vez que un ciudadano pierde la vida en circunstancias que involucran a un agente del Estado, la sociedad dominicana recibe una herida que va más allá del dolor de una familia. Se pone a prueba la confianza en las instituciones, el respeto por la ley y la capacidad del sistema para responder con transparencia y justicia.
El reciente caso ocurrido en Herrera, donde el joven Darlin Mercado perdió la vida durante una intervención policial, ha generado consternación e indignación. Más allá de las versiones que puedan surgir durante la investigación, existe un principio que debe prevalecer: nadie está por encima de la ley, incluyendo a quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir.
La Policía Nacional desempeña una función indispensable para la seguridad ciudadana. Miles de hombres y mujeres cumplen su deber con entrega y sacrificio. Sin embargo, cuando un agente actúa al margen de los protocolos o hace un uso desproporcionado de la fuerza, no solo compromete su responsabilidad individual, sino que también afecta la credibilidad de toda la institución.
«Cuando la fuerza sustituye a la razón y al respeto por la vida, la justicia deja de ser una opción para convertirse en una obligación ineludible del Estado.»
En un Estado social y democrático de derecho, la autoridad no se mide por la fuerza que ejerce, sino por el respeto que inspira. El uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso, regido por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
Resulta especialmente significativo cuando una familia afectada expresa que no busca venganza, sino justicia. Esa postura recuerda que el verdadero propósito del sistema judicial no es alimentar el odio, sino establecer responsabilidades conforme a la ley y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Este caso debe conducir a una investigación independiente, objetiva y transparente. Si se determina que hubo una actuación ilegal, las sanciones deben aplicarse con todo el rigor que establece el ordenamiento jurídico. La impunidad nunca puede ser una opción cuando está en juego el derecho más fundamental: la vida.
Al mismo tiempo, este lamentable episodio debe impulsar una reflexión profunda sobre el fortalecimiento de la formación policial, la supervisión del uso de la fuerza y los mecanismos de control interno. Una institución se fortalece cuando corrige sus errores, protege a los buenos agentes y sanciona a quienes deshonran el uniforme.
La sociedad dominicana necesita una Policía cercana a la ciudadanía, respetuosa de los derechos humanos y firme frente al delito, pero igualmente comprometida con el valor de la vida humana. Seguridad y respeto a los derechos fundamentales no son objetivos incompatibles; por el contrario, deben caminar de la mano.
Hoy corresponde a la justicia hablar con independencia y a las instituciones actuar con responsabilidad. Solo así será posible honrar la memoria de quien perdió la vida, brindar respuestas a su familia y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho.
La justicia no devuelve una vida, pero sí puede evitar que otra familia tenga que vivir el mismo dolor.
