Miles de familias desalojadas en el Gran Santo Domingo, Santiago, Azua y los campesinos del Seibo, se mantienen en las calles a pesar de promesas y levantamientos de instituciones del Estado con miras a buscar soluciones.Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuestas que saquen a estas familias de las precariedades en que se desenvuelven y que deambulan por todas partes, arrimados en casas de familiares y amigos, en marquesinas prestadas y donde las atrapes la noche.
En otros casos, desalojados han tenido que ocupar estructuras del Estado como escuela en construcción, tal es el caso de cerca de 200 familias del barrio Freddy Beras Goico que ocupan un plantel en La Mina de Los Alcarrizos, en Santo Domingo.Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, expresa que esa situación genera violación de los derechos humanos, por lo que enviaron a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe para que sea conocido el próximo año, en el Examen Universal Periódico que realiza sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.Señala que las denuncias hecha por Ciudad Alternativa, la Red Urbano y Popular, así como por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, sobre los desalojos forzosos se mantienen sin solución.
Firman informe
El informe fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA), Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Scalabrinianas (MSCS), Hermanas de San Juan Evangelista.También, el Centro Montalvo (SJ), Radio Seybo, Ciudad Alternativa, Misioneras Dominicas del Rosario, Frailes Dominicos en la República Dominicana.De igual modo, Misioneros Dominicos Selvas Amazónicas, Jesuitas Caribe, Comisión Nacional de Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CNPM) y Congregación de los Padres Carlistas Scalabrinianos.El director de Ciudad Alternativa estima en 3,100 las familias en desalojas y amenazadas, en la que en la mayoría de los casos están envueltos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que actúan de espalda a las leyes, práctica que se desarrolló durante los gobiernos del extinto presidente Joaquín Balaguer y que se creía erradicada en las gestiones posteriores.
Casos puntuales
En 2021, sábado 6 de marzo, 5:00 de la mañana, fueron desalojadas forzosamente 389 familias del sector Freddy Beras Goico, en el municipio de Los Alcarrizos de las cuales 114 viven de forma precaria en la escuela semi construida “Los Coquitos”.Viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios adecuados ni un sistema eléctrico estable, lo que conlleva problemas de salud e inseguridad.En La Mina, San Isidro, el 24 de abril de 2021, alrededor de 600 familias fueron desalojadas por autoridades policiales y militares de terrenos cedidos por el Estado a las Fuerzas Aéreas.
