Adesinc alerta que nuevo Código Penal vulnera la seguridad jurídica de las empresas de vigilancia
Santo Domingo, RD.- El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Freddy González Estrada, alertó sobre los vacíos legales del nuevo Código Penal, porque la falta de delimitación en la responsabilidad penal corporativa y la incertidumbre en el uso de la fuerza podrían criminalizar injustamente la operatividad diaria de las compañías del área.
La postura fue fijada este miércoles, durante el taller «El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada», organizada por Adesinc, en el Hotel Embassy Suites by Hilton, que tuvo como expositor al especialista Francisco Álvarez y contó con la participación de directivos de la entidad y representantes de ese sector.
El presidente de Adesinc aclaró que el gremio favorece la actualización del marco normativo, no obstante, exigió garantías proporcionales para una industria formal que genera más de 62,000 empleos formales, produce anualmente sobre los 24,000 millones de pesos y aporta cerca de 90 millones de horas de vigilancia.
González Estrada sostuvo que un fallo individual de un vigilante al margen de los protocolos no puede traducirse en la persecución penal de las empresas o sus directivos por presuntas fallas de supervisión.
Entre los puntos de mayor preocupación para Adesinc, citó la necesidad de definir reglas claras sobre la legítima defensa cuando los agentes emplean armas de fuego en el cumplimiento del deber, previniendo procesos judiciales injustificados.
Asimismo, advirtió que el drástico incremento de las penas y la creación de nuevos tipos penales colocan en un limbo de alta vulnerabilidad a las compañías formalmente reguladas.
El análisis normativo del taller estuvo a cargo del jurista Francisco Álvarez, socio de la firma Fabogados, quien desglosó el impacto de la ley en la retención de personas, la videovigilancia y la custodia de evidencias.
Frente a estos riesgos, Álvarez planteó un esquema de adecuación preventiva de 90 días para que los ejecutivos y asesores legales del sector adapten sus controles internos.
