Tribunal condena a Adán Cáceres y otros implicados por corrupción administrativa y desfalco al Estado
Por Felix Rubio
El exjefe del CUSEP y otros dos exfuncionarios recibieron penas de 20 años de prisión tras ser hallados culpables de integrar una red que defraudó al Estado dominicano.
Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), tras ser encontrado culpable de formar parte de una estructura de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos de fondos públicos.
La misma pena fue impuesta al general retirado Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, luego de que el tribunal estableciera su responsabilidad en diversos delitos vinculados con corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito y desfalco al Estado.
Según la sentencia, Cáceres Silvestre y Torres Robiou fueron hallados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado. Por su parte, Núñez de Aza fue condenado por asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
La decisión fue emitida por el tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, junto a las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, tras un proceso judicial en el que el Ministerio Público presentó un amplio conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales.
Asimismo, el general retirado Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán fueron condenados a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
El caso, considerado uno de los procesos de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en República Dominicana, concluye con condenas significativas contra varios de los principales acusados y marca un precedente en la persecución y sanción de delitos contra el patrimonio público.
Fuente: Primer Tribunal Colegiado DN
