Diputada Lidia Pérez impulsa dos iniciativas legislativas para blindar la libertad de expresión, proteger la libertad de prensa, eliminar la prisión por opinión y prohibir la censura

La diputada Lidia Pérez impulsa dos iniciativas complementarias para fortalecer la libertad de expresión en la República Dominicana: una ley que garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa y prohíbe la censura previa, depositada el pasado 6 de mayo; y una segunda pieza legislativa, sometida este 10 de junio, que modifica disposiciones del nuevo Código Penal relativas al ultraje a funcionarios públicos, acoso, ciberbullying, difamación e injuria, con el propósito de impedir que la crítica, la denuncia, el ejercicio periodístico o las opiniones ciudadanas puedan ser castigadas con penas de prisión.

Santo Domingo, D. N., junio de 2026.– La diputada por la provincia Puerto Plata, Dra. Lidia Esther Pérez de Taveras, depositó este miércoles ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, por considerar que su redacción actual podría vulnerar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la crítica, la denuncia y el debate público.

Con esta iniciativa, la legisladora fortalece una agenda integral de protección de la libertad de expresión iniciada el pasado 6 de mayo, cuando sometió el Proyecto de Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y la Prohibición de la Censura Previa en la República Dominicana.

Ambas iniciativas persiguen un objetivo común: garantizar que en el país nadie pueda ser perseguido penalmente por opinar, criticar, denunciar, ejercer el periodismo, exigir rendición de cuentas o participar en debates de interés público. Mientras la primera pieza establece garantías generales para proteger la libertad de expresión y prohibir la censura previa, la segunda introduce modificaciones puntuales al nuevo Código Penal para evitar que expresiones ciudadanas, críticas políticas o publicaciones en medios y redes sociales puedan ser objeto de sanciones privativas de libertad.

 “Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con una mentira deliberada debe responder ante la justicia; quien acosa de verdad debe ser sancionado con firmeza. Pero la crítica, la denuncia y el periodismo no son delitos: son la democracia funcionando”, afirmó la diputada Pérez al depositar la pieza.

La legisladora explicó que su propuesta no busca eliminar las sanciones contra conductas dañinas, sino precisar la ley para que castigue los abusos reales sin convertir la opinión, la sátira, el reclamo ciudadano o la labor de la prensa en delitos penales.

Entre los principales cambios propuestos se encuentran:

• Fin de la prisión por difamación e injuria: Las modificaciones a los artículos 208 y 210 sustituyen las penas de prisión por multas y medidas de reparación proporcionales. Además, incorporan el estándar de dolo, conforme al cual, cuando una expresión se refiera a funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés público, solo existirá responsabilidad si se demuestra que la imputación fue realizada a sabiendas de su falsedad o con manifiesto desprecio por la verdad.

• Eliminación del ultraje a funcionarios como delito de expresión: La propuesta modifica los artículos 310 y 311 para eliminar el tipo penal que permitiría castigar con prisión palabras, gestos, escritos, imágenes o expresiones dirigidas contra funcionarios públicos. En su lugar, se establece una infracción específica destinada a sancionar únicamente amenazas graves, reales, concretas e idóneas. La crítica política, el reclamo ciudadano y la exigencia de rendición de cuentas quedan expresamente protegidos.

• Precisión de los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying:  Las reformas a los artículos 121, 122 y 123 exigen la existencia de una conducta reiterada, grave e injustificada, que produzca un daño real y verificable. Asimismo, excluyen expresamente las opiniones, críticas, sátiras, denuncias y expresiones relacionadas con asuntos de interés público. La propuesta mantiene la protección de las víctimas reales, con penas de hasta cinco años cuando la víctima sea menor de edad o se divulgue contenido íntimo, y de hasta diez años cuando el acoso provoque un desenlace fatal previsible.

• Mano firme contra el chantaje y las amenazas reales: Las modificaciones a los artículos 209 y 309 mantienen sanciones severas contra la difamación extorsiva, especialmente cuando se cometa mediante redes coordinadas, cuentas falsas o mecanismos digitales de presión. Asimismo, preservan la persecución de amenazas vinculadas al uso de armas, violencia o estructuras de crimen organizado, garantizando que reclamaciones legítimas, protestas pacíficas y publicaciones en redes sociales no puedan ser utilizadas como fundamento para una persecución penal indebida.

 “No vinimos a desmontar el Código Penal; vinimos a blindarlo antes de que entre en vigencia con un talón de Aquiles constitucional. Prefiero que el Congreso precise nueve artículos hoy, a que el Tribunal Constitucional los anule mañana y dejemos a las víctimas sin protección y a los ciudadanos sin certeza jurídica”, agregó la congresista.

Pérez sostuvo que la República Dominicana necesita un Código Penal firme frente al delito, pero claro y garantista en materia de libertades fundamentales. Señaló que sancionar amenazas reales, chantajes, acoso grave o actos de violencia no puede confundirse con castigar opiniones, críticas o denuncias de interés público.

La diputada recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han sostenido de manera reiterada que los delitos de expresión no deben sancionarse con prisión. Asimismo, destacó que el propio Ministerio Público dominicano estableció en 2023 el criterio de que no toda expresión ofensiva en redes sociales debe ser objeto de criminalización.

Junto al proyecto, la legisladora depositó una matriz comparativa que presenta, artículo por artículo, la redacción vigente, la modificación propuesta y su fundamentación jurídica. El documento será puesto a disposición de los bloques partidarios, gremios periodísticos, universidades, juristas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados.

“Defender a las víctimas no puede significar silenciar a los ciudadanos. El país necesita reglas claras: cárcel para quien amenaza, chantajea o acosa de verdad; garantías para quien opina, denuncia, fiscaliza o informa”, concluyó Pérez.

Fuente: Equipo Dipuada Lidia Pérez